domingo, 28 de marzo de 2010

La piscina de Riba-roja sin acabar ya tiene defectos por valor de 382.000 €

Un informe técnico contratado por el Ayuntamiento de Riba-roja refleja que la piscina cubierta municipal -cuyas obras permanecen paradas desde el año 2008- contiene desperfectos en su construcción por valor de 382.000 euros. El consistorio ha contratado esta auditoría ante el conflicto que mantiene con la empresa adjudicataria de la segunda fase del proyecto, actualmente sometida a un concurso de acreedores. El gobierno del PP señaló que este informe se utilizará "para conocer la situación de las obras y tenerlo en cuenta a la hora de finalizar el proyecto", según el portavoz popular Salvador Silvestre. Por su parte, el concejal del PSPV, Robert Raga, anunció que su partido pedirá a la Fiscalía que investigue las adjudicaciones, retrasos y sobrecostes del proyecto.
La empresa que ha revisado las obras paradas contabiliza alrededor de 70 defectos en las cuatro plantas de la infraestructura. Contempla, por ejemplo, múltiples humedades y desconchados en todo el edificio, falta de hermeticidad en los vasos de piscinas y jacuzzis, entradas de agua y fugas que provocan estancamientos, armaduras y tomas de tierra a la vista, pilares dañados por golpes, falsos techos y ventanales mal colocados, ausencia de placas de escayola, barandillas oxidadas 0 muros sin concluir.
La reparación de estos y más desperfectos tendría un coste de 382.169 euros, según calcula la empresa auditora. Entre otros, 80.768 euros se destinarían a reparaciones en la cubierta, 63.455 a arreglos en el revestimiento de las paredes y 41.530 al revestimiento de suelos.
El informe solicitado también hace una valorización de las unidades de obra no ejecutadas, que incluye revestimientos, falsos techos, carpintería, climatización o instalación eléctrica, y que suma un total de 676.862 euros. Sería este el coste para poder terminar el proyecto, proceso que, según Salvador Silvestre, podría iniciarse próximamente después de que los tribunales ya han dado permiso al consistorio para adjudicar las obras mientras resuelven su conflicto por la liquidación de las obras con la empresa que las abandonó.
Robert Raga denunció la mala gestión del proyecto (con un coste de unos 4 millones), y señaló la responsabilidad de la dirección de obras "que ha sido la misma en las dos fases y que permitió ir recepcionando las obras a pesar de los múltiples defectos".

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